Actualidad Cumbre Iberoamérica
XI Encuentro Empresarial Iberoamericano
Por Laura Fernández, Responsable de Cultura Corporativa y Empoderamiento Económico de la Mujer de la FMBBVA
Juventud y Emprendimiento: ¿los nuevos motores de desarrollo de América Latina?
El 27 y 28 de octubre de 2016 se celebró en Cartagena de Indias el XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, como antesala a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Este foro de diálogo, en el que participaron 300 empresas, fue organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo. El encuentro centró sus contenidos en Juventud, Emprendimiento y Educación para el Desarrollo a partir del informe Perspectivas Económicas de América Latina que preparan conjuntamente la OCDE, CAF y CEPAL.
América Latina es una región de micro y pequeños empresarios donde el porcentaje de emprendedores per cápita es el segundo a nivel mundial. Las PYMES representan el 80% de empresas y aportan entre un 16% y un 36% del PIB, dependiendo del país, pero sólo reciben el 12% del crédito total. La baja productividad del tejido empresarial latinoamericano refleja un problema de generación y calidad de empleo por parte de las firmas que incide en los niveles de cualificación laboral. Ambos aspectos se retroalimentan creando un círculo vicioso de falta productividad, falta de oportunidades laborales e informalidad.
Hablamos de una región donde las microempresas de menos de 5 trabajadores emplean al 40% del total de asalariados del sector privado. Su limitado tamaño se debe al origen de estos negocios que surgen por necesidad, no por oportunidad. Son lo que se denominan “emprendimientos de subsistencia”, principalmente unipersonales o familiares, que inician su actividad con el objetivo de lograr ingresos que no se satisfacen con el empleo formal. Esta es la realidad para el 85% de los emprendedores de Colombia, el 78% en Perú o el 72% en República Dominicana según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
La mayoría de estos emprendimientos tienen un crecimiento limitado y volátil que no permite generar empleo ni acumular capacidades o conocimientos que permitan transitar hacia el empleo formal. De hecho, este trasvase sólo es viable para 1 de cada 4 personas, mientras que para el resto su opción más cercana sería permanecer en empresas informales, con niveles salariales que no difieren de los que perciben en sus microempresas. Por ello, prefieren seguir en sus ocupaciones de bajos ingresos. Esta decisión repercute en el nivel de capital humano que adquieren y, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que incluso se deprecia el nivel inicial que tenían.
El resultado es que los retornos de la educación se perciben como débiles, y no se visibilizan ganancias adicionales por mayores niveles de instrucción. Además, la mayoría de microempresarios tienen niveles educativos bajos, que afectan también a los incentivos a acumular capital humano para aquellos jóvenes que perciben este tipo de ocupación, como la única opción posible para ellos, dado su entorno familiar y sus creencias.
El perfil mayoritario de estos emprendedores es el de mujeres con cargas familiares (el emprendimiento permite actividades compatibles con los cuidados del hogar), sin educación secundaria completa, que viven en viviendas de menor calidad, provienen de entornos familiares menos favorables (padres menos educados y con menor nivel de ingresos), se dedican al comercio, tienen salarios más bajos, trabajan en la informalidad, en locales situados en la calle o dentro de una vivienda, y cuentan con un menor nivel de innovación. Además, tienen un bajo nivel de inclusión financiera: sólo 54% tiene una cuenta bancaria (frente al 49% del asalariado informal, 78% asalariado formal y 86% emprendedor mediano o grande).
Este es el entorno en el que los 163 millones de jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 29 años buscan un futuro. El 42% se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza. A pesar de que el acceso a la educación se ha duplicado en la última década (de 22,3% al 44,5% tasa bruta de matrícula universitaria), los jóvenes tienen pocas oportunidades de emplearse en el sector formal por las características propias del entorno empresarial mencionadas anteriormente. Además, 1 de cada 5 jóvenes está fuera del sistema: ni estudia ni trabaja y, entre los que están empleados, una proporción similar lo hace en el sector informal. A mayor vulnerabilidad de los jóvenes, mayor informalidad en su empleo.
Trabajar en la informalidad supone una gran dificultad para transitar posteriormente al empleo formal, lo que termina por perpetuar la vulnerabilidad de estos jóvenes en la edad adulta. Para muchos de ellos, emprender se convierte en una oportunidad real de futuro pero a costa de incrementar las tasas de abandono escolar y de que su nivel educativo termine siendo bajo. Como consecuencia, existe un desfase entre la educación y las necesidades productivas: mientras un tercio completa la primaria, sólo un 23% de media termina la secundaria y un 14% la educación universitaria. Es decir, de los 72 millones que inician la universidad, sólo 23 millones finalizan sus estudios.
Por todo ello, los jóvenes enfrentan tasas de desempleo y subempleo hasta 3 veces superiores a las de los adultos. Tienen mayores problemas para conseguir empleo y más aún de buena calidad. Sólo un 50% se encuentra empleado y, de los que terminan la primaria, sólo un 1 de cada 4 o 5 trabaja en el sector formal.
A pesar de esta realidad existen oportunidades para que la juventud y el emprendimiento se conviertan en motores del desarrollo económico en la región en los próximos años. Así lo recoge el Informe de Perspectivas de América Latina 2017: “Fomentar el emprendimiento juvenil puede convertirse en un motor de una transformación productiva”. Además, para la Corporación Andina de Fomento: “Podrían existir enormes ganancias de productividad si el trabajo y el capital se reasignaran desde estos pequeños establecimientos hacia empresas medianas y grandes.” Existen oportunidades en el desarrollo de competencias que les permitan llevar a cabo su emprendimiento de forma exitosa que hagan que estos microemprendimientos por necesidad se conviertan emprendimientos de oportunidad.
Pero, ¿cómo se puede impulsar este cambio? La respuesta parece encontrarse en 4 frentes: acceso a financiación, mejor regulación y políticas públicas de apoyo al emprendimiento, mayor digitalización y educación adaptada a las necesidades del mercado.
En primer lugar, parece existir una correlación alta entre las decisiones de emprender y la riqueza familiar, lo que sugiere la existencia de posibles restricciones de acceso al crédito. Con independencia de algunos problemas de escala, ineficiencias y, en ocasiones, pobre gobierno corporativo, el sistema financiero, si bien está desarrollado, es incapaz de llegar a subsanar las asimetrías de información de los clientes en la informalidad. Estos clientes, presentan ingresos inestables, falta de garantías, carecen de historial de crédito, poseen escasa cultura financiera y, se encuentran alejados de los proveedores de servicios financieros. Es así que un tercio de las micro y pequeñas empresas de la región encuentran en la falta de acceso a la financiación el principal obstáculo para su crecimiento. Muchos de estos emprendimientos se inician con recursos propios (el 85% del activo de los clientes de la FMBBVA proviene de su patrimonio) o financiación informal y, a la hora de expandirse, con frecuencia, entran en el “valle de la muerte”.
En segundo lugar, existen fallas del Estado en la regulación para crear empresas formales (por ejemplo, el tiempo medio para abrir una empresa en la región es de 29 días y el coste supone un 29% del ingreso per cápita, el segundo porcentaje más elevado del mundo después de África). La regulación limita la forma en la que se constituye y se gestiona una empresa y provoca que se utilicen mecanismos informales para crearlas, tal y como reconoce el Banco Mundial en su último informe Doing Business 2017. Además, las políticas impositivas dificultan el crecimiento de las empresas formales y su mayor productividad, y generan incentivos para la supervivencia de microempresas que sólo dan empleo a su fundador y a algunos familiares, con poco valor agregado y frecuentemente en el sector informal.
Las políticas públicas de apoyo a la empresa en América Latina suelen concentrarse en su etapa de consolidación y sostenibilidad. Se basan principalmente en el endeudamiento patrimonial y apoyan sectores tradicionales de la economía, lo que tampoco está contribuyendo a un tejido empresarial dinámico y pujante. Es necesario desarrollar políticas y programas de promoción del emprendimiento que fomenten la disposición a emprender, motiven y desarrollen habilidades de gestión empresarial así como de apoyo a la puesta en marcha y a la sostenibilidad (financiación a través de aceleradoras, mentoring, formación…).
En este sentido, existen ya algunas prácticas desde la sociedad civil y organismos multilaterales que están siendo objeto de estudio por parte del PNUD y la OIT, y pueden dar arrojar luz sobre cómo diseñar estas políticas: Junior Achievement, que fomenta la cultura de emprendimiento en jóvenes en edad escolar; Valores en Acción, que propone talleres de autovaloración, liderazgo y plan de vida para jóvenes en contextos desfavorables; YEP, la plataforma regional creada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y Youth Business International en 2013, para la formación empresarial y creación de ecosistemas de emprendimiento para 65.000 jóvenes de bajos ingresos; o Start Up Chile, aceleradora de emprendimientos de mujeres, capital semilla o escalamiento, entre otros.
En tercer lugar, es necesario reducir la brecha de acceso a la tecnología y promover un mercado digital latinoamericano que aproveche las economías de escala de un área de 700 millones de personas. Sólo la mitad de la población está conectada a internet y es usuaria móvil, y sólo 1 de cada 4 páginas web más usadas es creada localmente. Aunque la región es la segunda consumidora mundial de contenidos digitales (de la población conectada, el 78% está en redes sociales), no se está incluyendo internet en las cadenas de producción. La digitalización constituye una oportunidad económica para la región que hay que impulsar con políticas públicas de apoyo a emprendimientos propios de la cuarta revolución industrial, así como de capacitación en habilidades digitales en los jóvenes.
Por último, es fundamental asegurar que no se debiliten los incentivos a la acumulación de capital humano de los jóvenes (y que no imiten los modelos de empleabilidad de sus padres).Se trata de facilitar su empleabilidad a través de programas de primer empleo, pasantías y otras capacitaciones vinculadas a demandas del sector productivo. Diseñar políticas públicas, en coordinación con el sector privado, que garanticen el acceso a la educación a través de subsidios y una oferta educativa pública de calidad, asegurar la calidad y pertinencia de los estudios, ofrecer orientación profesional, fomentar la movilidad e impulsar un mercado laboral regional, son estrategias que pueden ofrecer los incentivos adecuados para la permanencia en el sistema educativo.
En este sentido, cabe reseñar el programa iberoamericano de becas de intercambio y movilidad académica, Campus Iberoamérica, aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana, y que prevé llegar a 20.000 becas en 2020. También el Pacto Iberoamericano de Juventud, en el que 22 países iberoamericanos han acordado formar una alianza entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y cooperación internacional para el desarrollo de políticas a favor de los jóvenes. Entre ellas, destacan la creación de una oferta educativa que incluya a generadores de empleo, la puesta en marcha de un programa regional de innovación y liderazgo digital, el incremento del protagonismo de los jóvenes en el emprendimiento o el reconocimiento de estudios y títulos universitarios entre los diferentes países. También la creación de un Observatorio Iberoamericano para el Emprendimiento e Innovación, que fomente el intercambio de buenas prácticas, permita monitorear las políticas públicas y genere conocimiento aplicado a nivel regional.
Otro desafío es reformar el sistema educativo para que prepare a los jóvenes para las necesidades futuras del sector productivo. El 50% de las empresas de América Latina afirma no encontrar los trabajadores con las competencias necesarias para desarrollar su actividad. Esto implica capacitar en nuevas tecnologías, impulsar conocimientos en ciencias, tecnología e ingenierías, así como mejorar el nivel de inglés y crear programas de formación profesional más cortos enlazados con la educación formal. También capacitar en las competencias blandas que identifica el Foro Económico Mundial en su documento “New vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”: trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación, creatividad e innovación, trabajo en equipos multidisciplinares,…. No hay que olvidar que otro de los retos es contar con servicios de intermediación laboral a nivel nacional y regional.
Finalmente, no debemos olvidar que también existe una brecha de género en los jóvenes que es necesario atender. Por un lado, las mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan son un 30% (frente al 20% masculino). Y aquellas que logran alcanzar mayores niveles educativos no logran traducirlo en una mayor participación laboral, ni en la mejor calidad del empleo o en el nivel de ingresos que reciben. Según datos del Banco Mundial, la brecha de género en emprendimiento y empleo es de un 14% en América Latina. Existe también un sesgo en la formación. Las jóvenes suelen elegir estudios relacionados con sus roles tradicionales: la educación, humanidades y artes frente a ingenierías o ciencias, que conllevan menos ingresos y están relacionadas con actividades de cuidado. Hay varios esfuerzos en curso para incentivar los estudios científicos‐matemáticos‐tecnológicos entre las mujeres. Cabe reconocer la inclusión de esta dimensión en el Pacto Iberoamericano de Juventud firmado en la Cumbre: “la promoción del empoderamiento económico de las mujeres jóvenes mediante el desarrollo de capacidades productivas, programas de emprendimiento, microfinanzas y cooperativas.”
También es de destacar otras iniciativas regionales como Laboratoria, que desarrolla habilidades socioemocionales de mujeres jóvenes de bajos recursos con potencial para que se conviertan en desarrolladoras web, y que prevé llegar a 10.000 estudiantes en el año 2020, mejorando su empleabilidad en un 85% y multiplicando por 4 su nivel de ingresos.
América Latina enfrenta grandes retos en relación con la juventud, la educación y el emprendimiento en un contexto macroeconómico complejo. Pero hacer frente a estos desafíos podría hacer que tanto los jóvenes como el emprendimiento se conviertan en motores de oportunidades y crecimiento en los próximos años. En palabras de Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana: “Iberoamérica sólo logrará competir sobre la base del talento y, en particular, del talento joven”. La mejor forma de combatir la pobreza es la creación de empleo, que está íntimamente ligada a mayores niveles de formación. Habrá que reforzar los conocimientos y habilidades de los jóvenes para que puedan emplearse en el sector formal y, a su vez, contar con políticas públicas que fomenten y apoyen sus proyectos empresariales en las etapas iniciales. Por el lado de la oferta, ayudar a que miles de microempresas se conviertan en PYMES capaces de generar crecientes oportunidades para ellos. Sólo con la mejora de la productividad de las empresas y de la empleabilidad de las generaciones futuras se podrá transformar la situación actual en un círculo virtuoso de productividad, empleo y formalidad que active la economía de la región.